El Senado de la Nación aprobó por unanimidad, 45 votos positivos, la ley de presupuestos mínimos ambientales para los bosques nativos girada por la Cámara de Diputados en marzo pasado. La aprobación y el debate fue en general, y recién la semana próxima la Cámara alta definirá cómo quedarán los artículos para mandar el texto completo nuevamente a Diputados.

En un debate que duró cerca de tres horas, y donde 21 legisladores manifestaron su posición frente al proyecto, se pudo percibir que existen temas en el Congreso que escapan a la obediencia partidaria y donde prima el interés particular de los estados provinciales.

Si bien todos mantuvieron una posición de apoyo en defensa de los bosques nativos, el ambiente, y la necesidad de establecer criterios de protección para las generaciones futuras, la discusión reveló una vez más un trasfondo de desequilibrio entre provincias ricas y pobres que subyace como uno de los grandes temas que alguna vez habrá que encarar.

Quizás una síntesis más acabada acerca del significado de la ley la brindó el gobernador electo del Chaco, Jorge Capitanich, una provincia que aún siendo del norte postergado pudo encarar un ordenamiento territorial en materia ambiental. Para el chaqueño la ley de bosques prestará seguridad jurídica a las futuras inversiones de la provincia, englobadas en el concepto de "desarrollo sutentable", algo de lo que mucho se habla pero poco se define.

En este marco la ley establecerá una moratoria con un plazo máximo de un año en la que no se podrá realizar desmontes hasta tanto la provincia en cuestión no realice el ordenamiento y presente su plan a las autoridades nacionales. "Pero si se hace en menos tiempo la moratoria durará menos", y con ello la prohibición de desmontar.

La discusión en las horas previas a la sesión fue por la flexibilización o no de la prohibición, cuya definición se conocerá en el tratamiento particular, porque varios legisladores del norte intentaron incluir una excepción para el desmonte de un 0,5% de la superficie boscosa.

Para el presidente del bloque oficialista, Miguel Pichetto, la intención del gobierno es la de sancionar una ley con moratoria sin restricciones, es decir con la prohibición total de desmontar hasta tanto no se efectúe el reordenamiento.

Pero la novedad más importante que incluyó el Senado en la "ley Bonasso" fue la creación de un Fondo compensador para sostener a las provincias que resignan hectáreas productivas en pos de la preservación del ambiente y los bosques. Ese fondo se conformará con un 0,1% del presupuesto nacional, lo que representa unos $200 millones.

Pero también, como adelantó ayer El Enfiteuta, los recursos se integrarán con un "porcentaje que establezca el Poder Ejecutivo Nacional del total de las retenciones sobre los tributos a las exportaciones de productos agrícolas, ganaderos o forestales".

En general los legisladores del Norte reclamaron que ese porcentaje fuera preciso "para dar certidumbre al Fondo", en tanto que la bancada de la UCR solicitó a través del senador Gerardo Morales (Jujuy) que se defina en 2% del total de las retenciones. Un aporte que estimó en $400 millones, para completar unos $600 millones que den credibilidad a la intención de la nación de apoyar las políticas ambientales.

Fueron pocos, pero también hubo senadores que se negaron a extraer recursos de las retenciones, como la senadora chaqueña, Alicia Mastandrea. Esas posiciones deferentes dentro de los bloques se dieron en todos los casos y el debate se concentró más bien entre el norte y el resto del país.

Más allá de lo que resulte el próximo miércoles en la sanción del texto definitivo de la ley, es bueno ver "cuando el Congreso tiene confianza en sí mismo" apuntó el presidente del bloque radical, el mendocino Ernesto Sanz.

Así se refirió a que los bloques políticos quedaron desdibujados y fueron las regiones las que definieron las posiciones, en la búsqueda de la mejor ley, con un sentido federal.

Fuente: El Enfiteuta