Además propusieron acciones para proteger los derechos de los economistas y denunciar penalmente al secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Sin embargo, los legisladores admitieron tener un poder limitado para actuar por la falta da acompañamiento del kirchnerismo.

La reunión entre legisladores y economistas fue convocada por la comisión de Libertad de Expresión y se centró en el segundo avance de Moreno sobre las consultoras de hace dos semanas. Entonces, Comercio envió nuevas intimaciones a 9 de las 12 consultoras multadas por primera vez en las que pedía explicaciones sobre pronósticos de inflación vertidos en los diarios y en declaraciones radiales.

La diputada de la Coalición Cívica (CC) Patricia Bullrich afirmó que en los próximos días radicará una denuncia penal contra Moreno, acompañada de otros diputadas. La legisladora dijo que demoró la presentación porque agregará a la figura de abuso de poder la de violación a la libertad de expresión.

Ninguna consultora debería autolimitarse, dejando de publicar los índices, porque la lógica de la autocensura es el principal objetivo del Gobierno Nacional, afirmó Bullrich, y agregó El abuso de poder de la Secretaría de Comercio, es claro cuando manipulan y estiran la ley de Lealtad Comercial, para poder sancionar a las consultoras.

Los economistas valoraron el apoyo de los legisladores de la oposición. Pero, en diálogo con El Cronista, varios admitieron que los diputados están limitados y que muchas de las proposiciones quedarán en la nada. Mientras tanto, los que tenemos que pagar abogados y seguir con los procesos somos nosotros, indicó uno de los asistentes a la reunión. Como ejemplo, recordaron que un mes atrás, tras una reunión en el Congreso con las consultoras, la diputada Margarita Stolbizer (GEN) pidió la interpelación del ministro de Economía, Amado Boudou, y el proyecto fue cajoneado en la comisión de Presupuesto, que maneja el oficialismo.

Entre otras iniciativas, Stolbizer propuso salir del Congreso y exponer en distintos ámbitos académicos, como la universidad pública. Y Jorge Triaca, de Pro, envió un proyecto para modificar la ley de Defensa de la Competencia que usa el Gobierno para intimar a las consultoras.

Entre todas las propuestas, la que más se repitió fue la idea del diputado de GEN Gerardo Milman de publicar, desde la comisión de Libertad de Expresión, un Índice de Precios al Consumidor que promedie las estimaciones privadas y resguarde las fuentes.

Gabriel Rubinstein, del estudio que lleva su nombre, dijo que están pasando cosas que no pasaban en la Argentina desde el gobierno militar. Santiago Paz, de Ecolatina, consideró que esto es una persecución contra economistas y contra los profesionales independientes.

Fuente: El Cronista