A través de la resolución 464/2026 de la Secretaría de Ambiente, la provincia de Entre Ríos aplicó una multa de más de 44,5 millones de pesos y dispuso la clausura completa de actividades en un predio ubicado en Rosario del Tala, tras constatar el acopio clandestino de envases vacíos de fitosanitarios sin habilitación ambiental ni medidas de contención.

La medida se originó a partir de una solicitud de la Municipalidad de Rosario del Tala ante denuncias de vecinas y vecinos sobre el predio ubicado en calle Tucumán y Urquiza. Ante la continuidad de los incumplimientos severos por parte del infractor -quien se negó a notificarse formalmente, no ejerció su derecho de defensa ni presentó documentación tendiente a regularizar la situación de su inmueble-, el 9 de abril de 2026 se llevó a cabo un operativo con el auxilio de la fuerza pública.

En dicho operativo, y por orden del Juzgado de Garantías y Transición de Rosario del Tala, se ejecutó el allanamiento del lugar, donde se contabilizaron y se retiraron un total de 2.493 envases vacíos de fitosanitarios que permanecían almacenados a la intemperie sobre el suelo y la cubierta vegetal. El material recolectado y trasladado a un CAT generaba un grave riesgo ambiental por la potencial infiltración de líquidos hacia las napas subterráneas de agua, los olores que emanaban hacia las y los vecinos y la infectación de plagas y roedores; por lo que fue retirado por la Asociación Civil Campo Limpio para su acondicionamiento y tratamiento seguro.

Cabe destacar que en el inmueble aún permanecen almacenados otros residuos peligrosos correspondientes a categorías distintas a los envases de fitosanitarios, los cuales continúan sin ser trasladados ni regularizados por el responsable. Por este motivo, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, determinó la clausura completa del establecimiento.

Con la finalización de este procedimiento administrativo por infracción a la ley nacional 27.279, la provincia ejecutó una importante sanción económica de 44.592.507 de pesos con un plazo de 10 días para su efectivo pago, reafirmando el rigor en el control de las normativas ambientales para resguardar la salud pública y los recursos naturales de Entre Ríos.