Así lo resolvió el juez federal de primera instancia Carlos Soto Dávila, que ordenó archivar la denuncia presentada el mes pasado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

El organismo sanitario había formulado una denuncia genérica en la que pedía que se investigara la posible introducción clandestina de ganado en el rodeo donde se originó el foco de fiebre aftosa. La decisión judicial fue celebrada por los propietarios del establecimiento San Juan, donde se encontró el foco y se sacrificaron más de 4000 vacunos por medio del rifle sanitario.

"Este fallo es el paso que estábamos esperando para considerarnos libres de culpa y cargo en una situación muy desafortunada como la que vivimos a partir del brote, en la que no hemos tenido responsabilidad porque teníamos nuestra hacienda vacunada y en buenas condiciones sanitarias", expresó el administrador de la estancia, José Antonio Romero Brisco.

Según el empresario, el desenlace judicial los habilita a reclamar el justo resarcimiento por la matanza de la totalidad de la hacienda.