Tras reunirse con decenas de legisladores durante toda la semana, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias buscará consensuar hoy una posición unificada a partir de los diferentes anteproyectos legislativos que recogieron estos días y que prevén posiciones intermedias entre el reclamo del campo de retrotraer la situación al 11 de marzo, cuando se introdujeron las retenciones móviles, y la intención del Gobierno de ratificar por ley ese esquema.

"El Gobierno no tiene los votos que necesita para aprobar el proyecto que envió, pero eso no significa que a esos votos los tenga el campo, hay que encontrar una posición intermedia", se sinceró ayer una fuente del ruralismo. Y a eso se dedicarán hoy los presidentes de las cuatro entidades: a analizar los distintos proyectos que circularon en Diputados.

También tendrán presente el resultado de las reuniones que técnicos del agro mantuvieron en las últimas horas con asesores del presidente de la bancada del Frente para la Victoria (FV), Agustín Rossi, y de los presidentes de las comisiones de Agricultura, Alberto Cantero, y de Presupuesto, Walter Agosto, ambos oficialistas.

La hipótesis de máxima del campo sigue siendo volver a una retención para la soja del 35%, aceptando que sean móviles, es decir, que acompañen los precios internacionales. Sin embargo, también analizarán otras alternativas. Como la del radicalismo K, que responde al vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, y cuya mentora es la diputada mendocina Laura Montero. Esa propuesta contemplaría dos alternativas, una que fijaría las retenciones en el 38,2% a los valores actuales, y otra que las establecería en el 40,5%. Según fuentes del ruralismo, esta última posibilidad tiene bastante aceptación entre los legisladores oficialistas que no están a favor del proyecto del Gobierno.

Pero también se manejan otras alternativas, como la impulsada por legisladores de Córdoba y de Entre Ríos, que prevé una alícuota fija del 39,5% con reintegros de 5 puntos mediante el impuesto a las ganancias (que los productores más chicos podrían cobrar directamente en el banco).

Para tener una idea de lo que estos porcentajes implican es necesario un dato clave: cuál es el nivel actual de retenciones. A los precios de ayer, el derecho de exportación para la soja llegó al 47,1%. Algún sector del ruralismo, como Coninagro y la Sociedad Rural, aceptaría una alícuota móvil que a los precios actuales sea del 38%. Para Federación Agraria, que también acepta discutir las alícuotas, lo más importante es la segmentación de los pequeños y medianos productores. En ese sentido, las cuatro entidades están de acuerdo en fijar alícuotas diferentes para los actores más pequeños del negocio agropecuario, o en su defecto, reintegros o compensaciones.

Como fuere, el campo quiere empezar a bajar la discusión por las retenciones a números concretos y superar los discursos en las comisiones, que ven como una estrategia oficialista para dilatar el tratamiento en el recinto. Ayer, varios dirigentes de las cuatro entidades, entre ellos el presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens -recién llegado de Estados Unidos-, se reunieron con los presidentes de los bloques de diputados de la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical, el Pro y los legisladores que responden a Alberto Rodríguez Saá y les pidieron que lleven al recinto una posición unificada.

La Comisión de Enlace también analizará hoy cómo seguirá la protesta del agro en los próximos días. Mientras los dirigentes más duros proponen una movilización a la Plaza del Congreso, la mayoría de los ruralistas se inclina por retomar las asambleas de productores en las plazas de los pueblos rurales. Es probable que la semana próxima, cuando se trate el proyecto en el recinto, los productores se movilicen en sus respectivas localidades.

La Nación