El sector agro exportador argentino desafió a los numerosos estudios agrícolas que desde principios de año anunciaban la caída de los precios internacionales de los granos y optó, en cambio, por no liquidar cosecha reteniéndola en silo bolsas y centros de acopio.

Esa decisión no solo atentó contra el patrimonio del sector, ya que le ocasionó cuantiosas pérdidas, sino que también perjudicó al país.

Aun sabiendo que iban a recibir mejores precios si liquidaban a mitad de año, con la retención decidieron presionar por el aumento en el tipo de cambio para más que compensar la caída en el valor de la soja.

Según el informe Panorama Global de Commodities del BCRA en base a información del Departamento de Agricultura de EE UU (USDA), el precio promedio de la tonelada de soja en el Mercado de Chicago fue de U$S 476,7en enero de 2014, alcanzó su pico en U$S 560 el 29 de abril y desde entonces comenzó su desplome llegando a valer al cierre del viernes 26 de septiembre sólo U$S 334,47 por tonelada. El gobierno nacional advirtió a los productores sobre la situación declinante de los precios y los alentó a liquidar la cosecha.

De haber aceptado esta sugerencia habrían obtenido precios un 67,5% en dólares más elevados de los que conseguirían hoy en el mercado.

Los pronósticos a futuro tampoco son alentadores, la depresión de los precios continúa y podrían estancarse debajo de los 350 dólares a largo plazo.

La ecuación financiera parece no haber sido el mecanismo que guió la toma de decisiones de los productores. Sólo un motivo puramente político podría explicar una actitud contraria a la maximización de ganancias, objetivo que define la naturaleza de los empresarios, y el desprecio a todos los pronósticos, nacionales e internacionales para retener producción con fecha de vencimiento. Hoy en día la AFIP estima que el 45% de la cosecha de soja aún no se ha liquidado pudiendo llegar a ser de 25 a 27 millones de toneladas el stock de granos retenidos. De multiplicar el valor de la caída de la soja (entre su valor máximo y el actual) por la existencia aun no vendida, se advierte que la pérdida asciende a U$S 6089 millones por no liquidar en el mejor momento.

Otro indicio que muestra el origen político de esta actitud se puede encontrar en lo que pasó a principios del año corriente, cuando el Banco Central ofreció a todos los agro exportadores letras llamadas Lebacs pero atadas al tipo de cambio más un 3,6% de interés. En palabras más claras, se les ofreció la oportunidad de liquidar en el momento, cubrirse de cualquier devaluación y además ganar un interés. A pesar de ese ventajoso ofrecimiento, los agro exportadores hicieron oídos sordos y mantuvieron el acopio.

Adicionalmente, el BCRA se encontró con otra actitud especulativa que transcurría en los márgenes de la ley. Se traba de exportadores que optaban por no liquidar los dólares provenientes de las exportaciones ya realizadas, especulando con una devaluación que les permitiría obtendrían grandes ganancias sin ser afectados por el cambio en el precio de sus granos. Incluso preferían pagar la multa por liquidar esos dólares fuera de término que venderlos en el momento fijado por el BCRA.

Por ese motivo el Gobierno Nacional se vio forzado a actuar con determinación para bloquear la especulación cambiaria. Para ello, el Banco Central emitió la normativa A 5630 que establece que los exportadores deben regularizar las operaciones atrasadas o se les pagará el dólar por dichas transacciones a la cotización más baja desde la fecha de vencimiento original de la venta, hasta el momento de la liquidación de las divisas. Esta nueva reglamentación permite que si un exportador debía liquidar en el mercado único de cambios una operación cuyo vencimiento operó a mediados de 2012 de U$S 100 millones y decidió hacerlo recién en los primeros días de octubre de 2014, en lugar de tomarle el dólar a $ 8,45 (menos retenciones y multa), el BCRA terminaría pagándole un dólar a $ 4,52.A partir de esta iniciativa hay estimaciones que señalan que en lugar de los U$S 240 millones promedio que se venden en el mercado por semana, el volumen podría quintuplicarse.

Todas estas maniobras especulativas obedecen a una nueva lógica que se da entre quienes pretenden por todos los medios una brusca devaluación. En otras épocas el mercado de divisas se encontraba totalmente desregulado, siendo vulnerable a corridas tradicionales donde se impulsaba fuertemente la demanda de divisas a través de las transacciones financieras y se inducía al alza el precio del dólar. Desde la instrumentación de las regulaciones cambiarias, este mercado se encuentra blindado frente a ese tipo de operaciones.

Sin embargo, los exportadores comenzaron a operar restringiendo la oferta de divisas con maniobras como las descriptas y poniéndole presión a un mercado insignificante, chico en volumen y riesgoso por ser ilegal, como el "blue" para lo cual cuentan con la complicidad de medios de comunicación dominantes que generan expectativas perturbadoras sobre toda la sociedad acerca de la evolución del tipo de cambio.

Hay una realidad, el crecimiento nacional acelerado de estos últimos años trajo consigo una situación de restricción externa, y frente a esta necesidad de divisas, el sector agroexportador pretende reinstaurar su proyecto de país utilizando su mayor poder de extorsión económica: su capacidad de proveer dólares.

Los agroexportadores quieren forzar una gran devaluación que implique una transferencia de recursos desde toda la sociedad hacia este sector concentrado. Y esta determinación política está por encima de las pérdidas que produce el deterioro de los precios internacionales de los granos, especialmente de la soja y el maíz, caída que fue mayor a la suba del dólar.

El principal objetivo es dejar sin dólares al Gobierno Nacional, sin importar si ese ataque deja también sin financiamiento a las importaciones industriales de las cuales depende el empleo. La devaluación que pretende el complejo sojero es para obtener ganancias extraordinarias a costa de inflación y desempleo para el conjunto de la sociedad, objetivo coherente con su lógica de negocios que pasa por exportar la totalidad de su producción sin depender del mercado interno.

Mientras que el objetivo final es erosionar el respaldo popular al proyecto político iniciado en 2003 y dar vida a candidatos opositores, la decisión de guardar gran parte de la cosecha demuestra que la situación económica y financiera de los productores es muy holgada, ya que pueden mantenerse sin vender la totalidad de la producción y liquidar solamente lo necesario para cubrir costos.

El complejo sojero actúa por fuera de la lógica económica y en cambio sigue una estrategia política que tiene como meta final la reinstauración de un viejo modelo de país en el que, al menos, sobran 10 millones de argentinos.

Aixa Ratta y Andrea Luna - Integrantes del GEENaP

Fuente: Diario Tiempo Argentino