Desencantados con el gobierno, los productores descubren que la verdadera grieta era con la política

La falta absoluta de políticas de apoyo a los productores agropecuarios ha provocado algo tan previsible como triste: en la Argentina, en apenas tres décadas, la cantidad de explotaciones agropecuarias se ha reducido de 421.221 explotaciones agropecuarias a 236.601 predios agropecuarios, según datos provisorios del INDEC. Esto es, habrían desaparecido por lo menos unos 150 mil productores, un 30% de los que existían en el arranque de la democracia. De esta manera lo describe Matias Longoni en su nota de BICHOS DE CAMPO.

Tan trágico resultado surge de los primeros datos difundidos por el INDEC luego de haber finalizado el trabajo de campo correspondientes al Censo Agropecuario Nacional 2018. Aunque preliminar, el dato duro es que en todo el territorio nacional se han identificado hasta ahora 236.601 explotaciones agropecuarias. Y que estas resultan ser muchísimas menos de las que había en los dos últimos censos agropecuarios bien realizados, el de 1988 y el de 2002. Muchísimas, pero muchísimas menos.

En el primer caso, treinta años atrás, cuando la democracia era muy joven y todavía no se había ingresado a la década de la convertibilidad de Carlos Menem, en el país habían 421.221 explotaciones agropecuarias.

En el Censo de 2002, luego de la más grave crisis económica y social en 2001 y tras la feroz devaluación del peso, se detectaron 333.533 explotaciones agropecuarias. Es decir que en los últimos quince años se ha retrocedido en una cantidad cercana a las 100.000 explotaciones agropecuarias. Sucedió tanto en el gobierno kirchnerista como en la actual gestión de Cambiemos.

Aunque el INDEC aclaró en un comunicado oficial que estos datos son provisorios y “no son comparables” con las cifras definitivas de aquellos censos agropecuarios, en otro tramo aclara que “el operativo de alcance nacional relevó todas las explotaciones agropecuarias (EAP) del país, independientemente de su tamaño, número de parcelas, orientación productiva, condición jurídica o tenencia de la tierra”.

Esta tragedia productiva puede morigerarse algo, aunque nunca dejará de ser una tragedia, cuando el INDEC termine de procesar los datos de unos 50 mil registros pendientes de evaluación e incorporación a los resultados del Censo. En el mejor de los casos, si se confirma que todos esos predios son de uso agropecuario, el número de explotaciones agropecuarias podría subir a cerca de 385.500. En ese caso, el desplome de productores sería de unos 140 mil desde 1988 y de más de 60 mil si la comparación es contra el dato de 2002.

El INDEC informó: “Al 15 de marzo de 2019 se contabiliza un total de 389.353 registros censales, de los cuales 236.601 corresponden a explotaciones agropecuarias. A ello deben sumarse 48.904 registros pendientes de incorporación (correspondientes a explotaciones agropecuarias ubicadas fuera del segmento censal que fueron derivados a otros censistas, productores ausentes, etc.) y 103.848 terrenos no agropecuarios”, dijo el organismo.

También al cierre del operativo censal, el INDEC había barrido “un total de 195 millones de hectáreas, de las cuales 161,7 millones son destinadas al uso agropecuario y forestal mientras que los restantes 33,2 millones de hectáreas corresponden a otros usos”. Fue como resultadod e ese trabajo que se identificaron con claridad las 236.601 explotaciones agropecuarias mencionadas.

Aunque la concentración en el sector agropecuario es una moneda constante en todos los países del mundo, pocas veces se han visto tasas de desaparición de productores tan elevadas como en la Argentina. Esto tiene claramente mucho que ver con la ausencia de políticas de contención a los productores y a la población rural en el país. Y es que mientras en otros países productores es normal que los gobiernos subsidien a sus sectores productivos, en la Argentina se marcha contramano: el secor productivo cede muchos recursos hacia el sector público.

En Censo de 2002, cuando quedaban 330 mil productores, coincide en rigor con la reimplamntación de retenciones a las exportaciones de productos del agro, un impuesto que no es para nada común en otros países productores de alimentos.