En los sectores productores de legumbres, leche, vino, tabaco, miel, yerba, cítricos, frutas finas y verduras, entre otros, se registra un nulo o escaso nivel de rentabilidad en plena época de cosecha que impide cualquier planificación a corto y mediano plazo.

Tal es el caso, por ejemplo, del sector de peras y manzanas localizado en el Alto Valle en las provincias de Río Negro y Neuquén, donde los costos de producción (próximos a cosecha) superan por amplio margen los precios finales que recibirán los productores.

Es que mientras el costo de producción de ambas frutas ronda los 12 pesos por kilo, los productores percibirán 6 pesos en el caso de la manzana y 4 pesos por la pera. Este complejo frutícola emplea alrededor de 28 mil personas transitorias para levantar la cosecha.

Esta crítica situación se replica en el caso de las uvas de mesa procedentes de la región de Cuyo, donde los productores reciben unos 8 pesos, mientras que en góndola el precio ronda los 80 pesos por kilo (con una brecha del 1.000 por ciento entre las dos puntas de la cadena).

El escenario también es negativo en el sector olivícola -proveniente de las provincias de La Rioja y Catamarca- donde el costo de producción de las aceitunas se ubica en 20 pesos, al tiempo que los productores perciben apenas 22 pesos por kilo.

La mayoría de los complejos productivos deben afrontar, además, una fuerte caída del consumo interno que no sólo afecta la rentabilidad sino también incrementa los costos fijos de las explotaciones en el interior del país.

Cabe mencionar que la CAME presentó ante el Ministerio de Producción y Trabajo una propuesta diferencial destinada a las producciones primarias de las Economías Regionales a través de la imposición del adelantamiento del Mínimo No Imponible.

Así se busca mejorar la rentabilidad de los productores, fuertemente afectada por la suba de costos internos, la elevada presión tributaria (la reimposición de los derechos de exportación), la dolarización de los insumos, el aumento de la energía y el encarecimiento de los créditos por la suba de tasas.

La iniciativa tiene como objetivo que las producciones primarias de las Economías Regionales accedan a los beneficios estipulados en el artículo 167 de la Reforma Tributaria, que contempla una reducción en el costo de contratación de mano de obra (lo que derivaría en una mejora en la registración formal de trabajadores rurales).

“Hay que tomar medidas acordes a la importancia que tenemos en términos económicos y sociales porque las Pymes somos las principales generadoras de empleo”, afirmaron las más de 400 entidades adheridas en el sector de Economías Regionales de la CAME.

“Lamentablemente no se visualiza una recuperación del consumo que pueda reactivar a las Economías Regionales. Los precios de nuestros productos se encuentran completamente desacoplados frente a los altos índices de inflación vigentes”, agregaron.