El último 3 de diciembre se presentó ante dos organismos que deben velar por la transparencia en el Estado (la Procuración de Investigaciones Administrativas y la Oficina Anticorrupción) una denuncia anónima sobre un posible copamiento del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) por parte de AACREA (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola). Según esta denuncia, la organización privada de productores estaría llevando a cabo un plan de vaciamiento del organismo público, para así producir una suerte de “privatización” de los servicios que debería prestar el INTA.

La denuncia se publicó en Bichos de Campo luego de chequear que efectivamente fuera presentada ante los organismos mencionados, que ahora deberán evaluarla y decidir si contiene elementos suficientes como para iniciar una investigación de oficio. Desde este portal de noticias agropecuarias y como corresponde, ponen a disposición para publicar también todas las aclaraciones que las personas involucradas en la denuncia quiera efectuar. "Como medio especializado en el sector agropecuario, no desconocemos que puede existir una intencionalidad política detrás de la denuncia, como casi siempre sucede. "Pero a la par consideramos que la misma contiene una serie de datos que no tienen por qué mantenerse ocultos ante la opinión pública", explican.

En concreto, la denuncia anónima solicita a la Procuración y a la Oficina Anticorrupción que “se investigue la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta (art. 173 inciso 7 CP), asociación ilícita (art. 210 CP) y/o de otros ilícitos penales” por parte de cuatro personas: Juan Balbín (presidente del INTA); Mariano Bosch (vicepresidente del INTA); Alejandro Conci (vocal del Consejo Directivo del INTA) y Horacio Alippe (ex vocal y actual asesor rentado del INTA).

“Los mencionados son miembros del Consejo Directivo del INTA mientras que, a la vez, son socios de AACREA. En tal calidad, los referidos funcionarios administran fraudulentamente para que el INTA pierda su cartera de proyectos de investigación y extensión de manera que éstos sean cedidos, apropiados o absorbidos por AACREA, favoreciendo a ésta última entidad”, dice la denuncia, que justifica su anonimato en que “el clima de terror y miedo reinante en la institución impide adoptar otro camino”.

Los denunciantes, que muy probablemente formen parte de la línea histórica de funcionarios de carrera del INTA, aseguran que los cuatro acusados realizan este supuesto plan mediante tres tipos de acciones:

“Inducen el desfinanciamiento de INTA. Contando para el año 2019 con recursos autárquicos de fuente propia (art 28 de la Ley 26.446) y que ascienden a 13.000 millones de pesos, confeccionaron un presupuesto de gastos por la mitad de esa cifra que no alcanza siquiera para la operatividad mínima de la institución, con el fin de llevarla a su paralización, quebranto y posterior liquidación”.

“Persiguen a los técnicos de la institución por sus investigaciones científicas y opiniones técnicas, hostigándolos con permanentes auditorias y sumarios administrativos con el fin de silenciarlos. Sobre todo cuando las conclusiones de las investigaciones y actividades son críticas de las prácticas productivas que emplean los asociados de AACREA o están dirigidas a productores de tamaño más pequeño”.

“Operan la enajenación de valiosas tierras que posee el INTA en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) en Castelar que es el núcleo de la investigación del INTA (representa casi la mitad de los investigadores) y dónde están sus principales laboratorios. Buscan así que el INTA se quede sin investigación y todos esos servicios puedan ser apropiados en un futuro por AACREA”.

Para llevar a cabo estos supuestos planes, dice la denuncia que este grupo ha logrado conformar una “mayoría automática” en la máxima instancia de conducción del instituto público, su Consejo Directivo, que está compuesto por diez consejeros, cinco por el sector público y cinco por el privado. Y afirma que “uno de los cinco integrantes por el sector privado le corresponde a AACREA según lo manda el decreto 287/1986. Pero solo uno. Hoy, contrario a lo que manda la ley, AACREA sienta en los hechos a seis integrantes en el Consejo, conformando una mayoría automática que toma las decisiones para perjudicar al INTA”.

Aquí las cuentas que se realizan en la denuncia son bastante vidriosas, pues toma a varios representantes de otras entidades como personeros también de AACREA. A saber:

El Presidente del Consejo Directivo (Juan Balbín, ex presidente de AACREA) miembro de AACREA, es el representante máximo del INTA y tiene doble voto en el Consejo.

El Vicepresidente (Mariano Bosch), también es miembro de AACREA.

Además de ellos, AACREA sienta el único representante que por normativa le corresponde, que es Alejandro Conci.

Pero además suma a Horacio Alippe, otro miembro de AACREA, que debió ser reemplazado por Conci porque se le terminó el segundo mandato permitido, pero igual “quedó de facto” en el Consejo como asesor rentado.

Los denunciantes suman a Elbio Laucirica, quien ocupa un escaño que le corresponde a otra entidad, CONINAGRO, pero que también es miembro de AACREA.

Y se suma también a Alejandro Lahitte, consejero en INTA por CRA, “que busca reemplazarlo por su alineamiento hacia AACREA” ya que “carteliza su voto con los miembros de AACREA mencionados”.

“Completa el cuadro que el INTA esta descentralizado operativamente en 15 Centros Regionales, donde cada uno replica a nivel regional el Consejo Directivo del INTA. Pues en dos tercios de estos Centros ya están siendo conducidos por AACREA, con una cuidadosa coordinación por parte de la Presidencia de esa Institución”, añade la denuncia.

¿Y por qué la mera pertenencia a AACREA (entidad que tiene cerca de 2.000 productores asociados y organizados en grupos) debería implicar la existencia de una maniobra para vaciar el INTA?

Frente a esa pregunta, la denuncia anónima no ofrece mucha solidez y mucho menos pruebas concretas. Solo argumenta que “los asesores que conforman el plantel de AACREA perciben una remuneración por los servicios que les prestan a los productores. ¿Y en qué consisten estos servicios? En los mismos que brinda el INTA: investigación y la extensión rural. En conclusión, lo que el INTA le da al productor de forma gratuita, AACREA se lo cobra”.

“El INTA, en los hechos, le disputa una franja de usuarios de los servicios de AACREA, sobre todo el correspondiente a los productores agropecuarios capitalizados empresariales”, añade el texto elevado a las autoridades. Que dispara: “Una mengua de la capacidad del INTA, o su eventual desaparición, se traduce en un aumento de productores capitalizados que engrosarán la ‘clientela’ de AACREA”.

“Acá la acción es directa. AACREA aspira a quedarse con los servicios del INTA que le interesan. Y en el presente AACREA está conduciendo de facto al INTA”, insiste la denuncia. Desde la conducción del INTA, sin embargo, siempre se aclaró que la decisión política en esta etapa es poner a ese Instituto público al servicio de los productores genuinos, para que los temas bajo investigación tengan aplicación concreta.

Esta “cooptación del INTA”, según los denunciantes, “está cubierta por el paraguas institucional” de funcionarios de mayor jerarquía en la órbita de Agroindustria, que también pertenecen a AACREA. En ese contesto, la denuncia menciona a Santiago Del Solar Dorrego, jefe de gabinete de Agroindustria; a Guillermo Bernaudo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca; y a Ricardo Negri, actual presidente del SENASA.

A modo de ejemplo del supuesto vaciamiento que se denuncia, el texto cita el programa Cambio Rural, que también es manejado por otro socio de lso CREA, Patricio Quinos. “Contaba con 2000 grupos de productores asistidos por técnicos de INTA en todo el país, pero hoy solo sobreviven los 400 integrados por productores medianos y grandes, convirtiéndolos en potenciales clientes de AACREA una vez desfinanciado totalmente el programa”.

Ciertas razones ideológicas detrás de los autores de esta denuncia, de todos modos, quedan expuestas en el siguiente párrafo. “Los miembros del Consejo del INTA mencionados, manifiestan abiertamente su desprecio por el personal técnico de la institución que trabaja en sistemas agroecológicos y no convalida la producción extensiva tradicional extractiva con agroquímicos, con aquellos que trabajan con productores más pequeños y de la agricultura familiar”, dice la denuncia.

Y agrega: “Es característico de estos consejeros su rudeza, primitivismo, prejuicios y su falta de preparación científico-académica; todo lo que los hace particularmente nocivos para conducir una institución de ciencia y técnica de vanguardia como el INTA”.